LEY DE RIDERS



¿Realidad o ficción?


Autor: Andrea Rocha. Equipo Atelier.


Tras meses de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, finalmente se publicó en el BOE el pasado 12 de mayo el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. Con esta modificación lo que se pretende es la regulación de los derechos laborales de los reconocidos riders en el ámbito de plataformas digitales.



La norma se conforma por un artículo único y dos disposiciones finales.


El artículo único contiene la modificación del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), en dos aspectos:


1) Nueva disposición adicional 23ª del ET, que recoge la presunción de laboralidad en el ámbito de las de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.


2) Modificación del artículo 64.4 del ET, añadiendo un la letra d), en la que por primera vez se regula el derecho del comité de empresa de ser informado por la empresa de “los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial” que pueden incidir en las condiciones de trabajo, la contratación o el mantenimiento del empleo.


Respecto a la nueva disposición adicional 23ª:

Esta nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo (STS 805/2020, de 25 de septiembre, unificadora de doctrina) quien ha reiterado en numerosas ocasiones que las facultades empresariales de dirección, organización o control de la actividad y, en tal sentido, las notas de dependencia y ajenidad, pueden traducirse a la realidad de formas diferentes a las clásicas cuando la empleadora asume los riesgos de la operación y es beneficiaria de sus frutos, realizando un


a labor de coordinación, organización o control de la prestación u ostentando la potestad sancionadora, y ello aunque sus prerrogativas se manifiesten de forma indirecta o implícita, a través de la gestión algorítmica, de las condiciones de trabajo o del servicio prestado.


Y particularmente en el supuesto de los riders ha venido estableciendo que, no son trabajadores autónomos económicamente dependientes, en cuanto no desarrollan su actividad con criterios organizativos propios y no disponen de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes (cuando normalmente solo disponen de un medio de transporte -moto o bicicleta- y un móvil, es decir medios accesorios o complementarios).


A su vez, también ha venido estableciendo que la geolocalización por GPS es un indicio relevante de dependencia, por el hecho de que permite el control empresarial permanente.


Asimismo, esta nueva disposición adicional se refuerza, a través de la invocación explícita del artículo 8.1 ET, artículo que ya recoge la presunción de laboralidad entre aquellos que prestan un servicio dentro del ámbito y dirección de otro, recibiendo una retribución por ello.


Como consecuencia de la inclusión de los riders dentro de la presunción de laboralidad, se reconoce la relación laboral de los riders y por tanto su sometimiento a la legislación laboral. Es decir, están protegidos por los derechos (Seguridad Social, prestaciones por desempleo, descansos, vacaciones pagadas, salario, protección en caso de despido, etc.) regulados en el ET.


Pero, no hay que olvidar que el artículo 8.1 ET recoge una presunción iuris tantum, por lo que dicha presunción opera siempre y cuando no haya prueba en contrario por parte de las propias empresas.

Por lo tanto esta nueva regulación poco evitará la judicialización de estos casos, porque no encontramos una afirmación rotunda de relación de laboralidad, sino una mera presunción del carácter de asalariado, que podrá ser destruida con prueba en contrario de las plataformas.


Respecto al artículo 64.4d) ET:


En lo que se refiere a los algoritmos, el mayor problema se genera en cuanto a la confidencialidad de la propiedad industrial. Pues en este contexto, existen vías legales para proteger los algoritmos y las bases de datos como activos intangibles, siempre que se justifique el carácter secreto del algoritmo y la inversión realizada para crear y mantener las bases de datos.


Por último, se incluye:


- Una disposición final primera relativa al título competencial artículo 149.1. 7. ª de la Constitución Española, y

- Una disposición final segunda relativa a la entrada en vigor, que establece un periodo de tres meses, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es, el 12 de agosto de 2021, periodo que se estima necesario para posibilitar el conocimiento material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación.

En conclusión:


En suma, el punto positivo de la presunción introducida por la nueva norma evitará en adelante el análisis exhaustivo por parte de los Tribunales de todos los indicios que caracterizarían a una relación laboral, como venía haciéndose durante los últimos años, invirtiendo ahora la carga de la prueba a favor de la adscripción al Régimen General de la Seguridad Social.


Pero lo cierto es que esta modificación no añade nada nuevo de fondo, ya que:


- Ya tenemos el artículo 1.1 del ET en el que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral aquellos trabajadores que actúan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, ya sea física o jurídica.


- El artículo 8.1 ET que recoge la presunción de laboralidad cuando se dan los parámetros del artículo 1.1 ET.


- Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que ya falló que estos repartidores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena.


Por lo que no era necesaria una regulación especial, sino exclusivamente, la aplicación estricta del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto la presunción «iuris tantum» de laboralidad que el art. 8.1 ET que atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, y el art. 1.1, que delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral, calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, «la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios» ( SSTS 19/07/02 -rcud 2869/01 -; y 03/05/05 -rcud.. 26/06/04 -).


Por lo que nos encontramos ante una norma de mínimos, que no era necesaria y que no acaba de contentar a todos los sectores involucrados.


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