El pasado día 2 de octubre de 2016 entraron en vigor la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («LPAC»), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP»), con ellas, se eliminan (o al menos así se pretende) duplicidades e ineficiencias de la norma y se simplifican procedimientos administrativos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica para con los ciudadan